El dueño del Hércules intentó comprar cuatro partidos para subir a primera.
Las escuchas telefónicas a una trama corrupta en Alicante, dentro de la conocida como 'operación brugal', revelan que Enrique Ortiz, propietario del club, ofreció 100.000 € al portero del Córdoba y fracasó en sus supuestos intentos de sobornos al Salamanca, Girona y Huelva.
Navas niega el soborno.
El Betis solicita investigar las presuntas compras de partidos por parte del Hércules.
La entidad sevillana asegura en un comunicado que "deberia ser el Real Betis, en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses, el que ocupara la plaza de ascenso en el caso de que fuera ciertas esas presuntas irregularidades".El CSD pide al Juzgado las cintas del caso Hércules.
Lissavetzky desea "máxima diligencia" en este asunto.
Las escuchas telefónicas a una trama corrupta en Alicante, dentro de la conocida como 'operación brugal', revelan que Enrique Ortiz, propietario del club, ofreció 100.000 € al portero del Córdoba y fracasó en sus supuestos intentos de sobornos al Salamanca, Girona y Huelva.
Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules dirigió en primera persona cuatro supuestos intentos de compra de partidos para garantizar el ascenso a Primera de su equipo.
El Hércules consiguió en ansiado ascenso a Primera en la última jornada, tras asegurarse el segundo puesto contra la Real Sociedad, y después de un triple empate a 71 puntos con el Levante (quedó en segundo lugar y consiguió también el ascenso) y el Betis (quedó en cuarto lugar sin conseguir el ascenso).
Los presuntos amaños están recogidos en las escuchas telefónicas del caso Brugal, una investigación judicial que indaga una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante y que se abrió en Mayo de 2007.
Enrique Ortiz está imputado por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, si bien las diligencias que afectan a la compra de partidos ya han sido archivadas por el juez "porque los hechos no son constitutivos de delito". El fiscal anticorrupción de Alicante está de acuerdo con el archivo solicitado por el juez, pero ha pedido que traslade los hechos al CSD y la RFEF.
Fuentes del caso han asegurado que uno de los interlocutores grabados en esas escuchas es el propio Ortiz, que da órdenes a otra persona, no identificada, sobre las condiciones del amaño y el precio que estaría dispuesto a pagar. Esas mismas fuentes confirman que sí hubo pacto en el partido que Hércules y Córdoba disputaron en la trigésimo sexta jornada de la Liga Adelante, del pasado 10 de Mayo, en el que los alicantinos se impusieron por un contundente 4-0.
Según las grabaciones, Ortiz ofreció inicialmente 300.000 € a la plantilla del Córdoba, que fue rechazada. Pero el máximo accionista herculano habría insistido hasta ofrecer 100.000 € a Raúl Navas, portero del Córdoba. Una cantidad que el guardameta sí habría aceptado.
Los otros tres partidos donde hubo un supuesto intento de compra no prosperaron.
El empresario Ortiz declinó hacer comentario alguno sobre el asunto. El presidente del club, Valentín Botella, despachó el asunto afirmando que "oficialmente no tenemos constancia de ninguno de esos hechos del caso Brugal. Por tanto, la entidad deportiva tampoco tiene nada que decir oficialmente".
Las urgencias del Hércules por el ascenso eran máximas, entre otros motivos relanzar la precaria economía del club, que arrastra una deuda con Hacienda y Seguridad Social superior a los 15M de euros. Fuentes del entorno han asegurado que el mandatario llegó a amenazar con dejar la entidad si este año no se lograba el ascenso. Además de que Ortiz compró el estadio Rico Pérez al Ayuntamiento por 7,2M de euros en el 2007 y el contraro incluía que Ortiz debía invertir 4,4M en el estadio. Obras que ha comenzado este verano con el ascenso a Primera.
Navas niega el soborno.
El meta del equipo andaluz negó los hechos, expresó su "indignación" por verse implicado en el escándalo y anunció que emprenderá acciones legales para salvaguardar sus intereses.
"Hacer daño es muy fácil. Esta mañana he hablado con mis compañeros para dejarles claro todo. El club me transmite tranquilidad. Voy a centrarme en entrenarme y el que quiera escupir mierda que lo haga".
La entidad sevillana asegura en un comunicado que "deberia ser el Real Betis, en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses, el que ocupara la plaza de ascenso en el caso de que fuera ciertas esas presuntas irregularidades".
"El club estará en contacto permanente tanto con la Federación como con el Consejo para realizar un seguimiento acerca de las consecuencias que podrían derivarse de esta investigación", añade el escrito del Betis.
Lissavetzky desea "máxima diligencia" en este asunto.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha entrado en contacto con Joaquín Fuentes, abogado del Estado, para que la abogacía estatal recabe "la información oportuna y con la máxima diligencia" sobre los atestados judiciales que podrían detectar el presunto soborno del Hércules a Raúl Navas, portero del Córdoba.
Un eventual castigo al Hércules beneficiaria al Betis de retorno a Primera y al Cadiz de vuelta a Segunda.
"Cuando tengamos las diligencias judiciales se las haremos llegar a la Federación Española de Fútbol, para que ésta actúe mediante los órganos jurisdiccionales. No caben más demoras: la competición comienza en un mes" reflexionó Lissavetzky.
Vídeo-resumen Hércules 4 - 0 Córdoba
El País y el Diario As.
Caso Hércules, cerrado.
La Federación no ha podido incorporar al procedimiento las escuchas del caso Brugal, que recogían las conversaciones en las que Ortiz relataba los supuestos amaños y que fueron negadas a la justicia deportiva por la Audiencia Provincial de Alicante, que consideró que enviárselas supondría violar "el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones". Sin ellas, concluyó el Comité, no se ha aportado "por el momento, otro indicio mínimamente solvente".
Caso Hércules, cerrado.
La Federación no ha podido incorporar al procedimiento las escuchas del caso Brugal, que recogían las conversaciones en las que Ortiz relataba los supuestos amaños y que fueron negadas a la justicia deportiva por la Audiencia Provincial de Alicante, que consideró que enviárselas supondría violar "el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones". Sin ellas, concluyó el Comité, no se ha aportado "por el momento, otro indicio mínimamente solvente".
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